Inmigración
Por: Judith Feliz Pérez
El Congreso Federal tiene el poder absoluto de regular todo lo que tiene que ver con el ingreso a los Estados Unidos y las cuestiones fronterizas.
El Tribunal Supremo ha decidido que el otorgamiento de la entrada y residencia en el país es un privilegio. Sin embargo, bajo la Constitución, los inmigrantes de cualquier tipo tienen ciertos derechos básicos que se extienden a cualquier “persona” en los EE.UU. por ejemplo, la “Declaración de Derechos” de la Constitución de los EE.UU garantiza el derecho al proceso legal, igualdad bajo la ley, libertad de expresión, el derecho a un abogado en casos criminales y órdenes de allanamiento a cualquier persona.
Algunas limitaciones a estos derechos sin embargo son el proceso de deportación, el cual es un proceso civil y, por lo tanto, es ante una Corte Administrativa y con menos protecciones constitucionales, como por ejemplo, el derecho a un abogado pagado por el Estado. Una persona frente a un proceso de deportación o remoción mantiene el derecho a tener su abogado, pero no pagado por el Estado. Es decir, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a abogado pero necesitan recursos para pagarlos. El Gobierno no proporciona un defensor público.
También hay que entender que los procesos de remoción o deportación son procesos civiles aunque tengan consecuencias graves. Por esta razón, las reglas de evidencia que existen durante un juicio criminal no son las mismas durante un juicio de inmigración. Las reglas de evidencia son más relajadas y casi todo tipo de evidencia puede ser admitida a menos que sea extremadamente injusta su introducción o ilegal frente a la Constitución de EE.UU., como por ejemplo si al acusado no se le da la oportunidad de enfrentar a su acusador.
Las reglas de comportamiento de los fiscales también son más relajadas y en muchos casos se prestan para abuso, aunque existan mecanismos para querellarse por fallas de comportamiento de un fiscal, como por ejemplo, esconder pruebas que podrían ser beneficiosas para la defensa del inmigrante o radicar mociones para intimidar o hacer perder el tiempo a la defensa.
De la misma forma, dado el poder absoluto del Congreso federal sobre temas de inmigración, hay que recordar que los residentes legales, no importa los años que hayan estado en los EE.UU, pueden ser deportados por crímenes mayores o de violencia. La definición es amplia e implica muchos delitos donde la sentencia es de más de un año de cárcel. En muchos casos ésto incluye crímenes de violencia doméstica.
